La tensión en Euskal Herria impregnaba todo el escenario que llevó al
23-F. Durante 1980, la posición de Adolfo Suárez al frente del Gobierno
español y de la UCD se había ido debilitando paulatinamente. Al mismo
tiempo, importantes sectores del Ejército mostraban su desacuerdo con la
configuración autonómica del Estado. A finales de ese año se
incrementaron los rumores. En diciembre, el diario «El Alcázar» publicó un «análisis político
del momento militar» en el que se afirmaba que los miembros del Ejército
«habrían llegado a sentir temor por España como nación, ante lo cual la
dignidad y el honor, valores substanciales del alma militar, estarían
llamados a entrar constitucionalmente en juego».
El 29 de enero de 1981, Suárez dimitía de todos sus cargos. Ese mismo
día, ETA militar secuestraba al ingeniero de la central nuclear de
Lemoiz, José María Ryan. En Tutera, el militante de la organización
armada Pepe Barros moría al estallar el artefacto que estaba
manipulando. El 4 de febrero, los reyes españoles visitaron la Casa de
Juntas de Gernika. Al comienzo del discurso de Juan Carlos de Borbón,
los electos independentistas entonaron el «Eusko Gudariak», siendo
desalojados por el servicio de seguridad privado -los berrozis- del PNV.
Ese mismo día era detenido un joven de Zizurkil llamado Joxe Arregi;
moriría diez días después a causa de las torturas sufridas en
dependencias policiales. Entre tanto, poco antes de la medianoche del
día 6 era hallado el cadáver de Ryan, con un tiro en la nuca. Y ya el
día 20, ETA político-militar secuestraba a tres cónsules. Este clima al rojo vivo marcaba la sesión parlamentaria del 23 de
febrero, en la que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido como
sucesor de Suárez al frente del Ejecutivo español. Pasadas las 18.00,
un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio
Tejero entraba y retenía a todos los diputados allí presentes. Los
entresijos de este operativo no han sido nunca suficientemente
aclarados.
Las leyes y el Borbón
La intentona golpista no prosperó, pero ello no significa que fuera
un fracaso. El «tejerazo» cumplió su objetivo de poner freno a cualquier
tipo de concesión a los denominados «nacionalismos periféricos». Frutos
inmediatos fueron la LOAPA, que ponía freno al proceso
descentralizador, y la luz verde a las Fuerzas Armadas españolas en la
«intensificación y vigilancia de los espacios fronterizos y marítimos en
las zonas más afectadas por el terrorismo», lo que supuso un amplio
despliegue militar intimidatorio en Euskal Herria. Poco después se
aprobaba la Ley de Defensa de la Democracia con tan sólo tres votos en
contra, entre ellos el del diputado Juan María Bandrés (EE)
recientemente fallecido. Y el 29 de mayo, la Ley de Estados de Alarma,
Excepción y Sitios, que autorizaba la suspensión personal de las
garantías al detenido y permitía al Ejército asumir funciones
judiciales.
A nivel personal, el gran beneficiado del 23-F fue Juan Carlos de
Borbón, quien siete horas después de la ocupación del Congreso pronunció
un discurso por televisión en el que mostraba su respaldo al «orden
constitucional» y a la «legalidad vigente».
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